Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente
ALICIA GUTIÉRREZ
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre
Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el
contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a
Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y
da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al
alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad
documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior,
Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de
tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier
caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene
previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas
actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que
ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el
plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo
establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras
lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando
presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras
fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE,
que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras
informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal
del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de
2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el
avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la
contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de
facturas.
La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del
secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia
estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el
caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los
delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar
otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de
cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel
sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de
tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como
receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de
Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y
los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón
de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300
millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de
esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al
intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida
fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre
empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente
de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar
actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam
recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005,
ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar
ingresos por donaciones.
El informe policial de julio de este año también dibuja
la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al
poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en
el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis
Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la
trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese
año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo
Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La
situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la
segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad documental están
aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para
que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el
límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de
prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas
electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de
falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis
meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en
este caso las facturas electorales.